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EL NUEVO RECORTE DEL GOBIERNO SOBRE LAS PENSIONES 

El Gobierno aplaza la decisión final sobre si pedir el rescate o ayuda financiera de los socios europeos mientras la situación económica empeora. Las negociaciones sobre esa posible salvación de España continúan y, según se acerca el decisivo mes de septiembre, momento en que se prevé tomar la decisión final, la presión sobre Mariano Rajoy para que acepte nuevos ajustes crece.

Día a día, España va perdiendo el escaso margen de maniobra que le queda a la hora de tomar decisiones.

Los socios europeos están dispuestos a prestar una suma enorme de dinero para aliviar temporalmente los problemas de financiación de España, pero a cambio exigen un cumplimiento escrupuloso de los objetivos de déficit. Ante la anémica evolución de los ingresos fiscales, el Gobierno prepara el terreno para meter la tijera en el único compromiso electoral que todavía no ha sido sacrificado en estos ocho meses de mandato: las pensiones.

Hace apenas 15 días, Rajoy explicaba con poca convicción  que no tenía  intención de bajar las prensiones el año que viene. "Sería la última partida presupuestaria que tocaría", afirmaba durante una rueda de prensa en La Moncloa. Ahora, fuentes del Gobierno admiten ya que esa partida no es intocable, todas las líneas rojas que había pintado el Gobierno han saltado por los aires. Rajoy ha ido aparcando en la cuneta otros compromisos electorales esenciales: ha subido el IRPF y el IVA, ha bajado el sueldo a los funcionarios al eliminar la paga extra de Navidad, ha recortado las prestaciones por desempleo y va a hacerlo con la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración.

Lo cierto es que las pensiones son la única gran partida de gasto del Presupuesto que se ha salvado de la tijera hasta ahora. El resto, es decir, sueldos de empleados públicos, desempleo e inversiones, han caído bajo las garras del ajuste. Y junto a los salarios públicos, las pensiones son el principal coste del Estado: suman unos 96.000 millones anules.

Ahora el Gobierno podría decidir anular la subida anunciada para 2012, que es del 1% para todas las pensiones, con garantía de cobertura de la eventual  desviación respecto a la evolución del IPC anual. Ese incremento supone un coste global de más de 968 millones de euros. Otra alternativa es congelar la subida prevista para 2013. Además, quiere acelerar la implantación de la jubilación a los 67 años, prevista para la segunda década del siglo. O, si vienen muy mal dadas, aplicar todas.  Fuente

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