Eso supone la reapertura del caso, que había quedado inicialmente sobreseído en julio de 2010 por un juzgado de instrucción madrileño. El recurso de los socialistas plantea que se considere la hipótesis de que ha habido malversación de fondos públicos, presuntamente empleados para las actividades de espionaje de políticos como Cobo y Prada.

El 15 de julio pasado el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid dictó un auto que decretaba el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias por un presunto delito de malversación de fondos públicos contra cinco funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid que supuestamente espiaron al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y al ex consejero Alredo Prada.

De la instrucción practicada no se deducía la existencia del delito de malversación de caudales públicos porque "no existen indicios suficientes" de que hayan usado medios materiales del Gobierno regional para "usos ajenos", en este caso para hacer seguimientos a terceras personas, según el auto.

Antecedentes

El lunes 19 de enero, el diario El País publicaba la primera información que relacionaba a la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid con un servicio parapolicial de espías creado para investigar a políticos. El martes día 20, el rotativo ponía sobre la mesa vídeos y documentos que atestiguaban el seguimiento realizado a Ignacio González, vicepresidente regional, durante dos viajes, uno oficial y otro privado, a Colombia y Sudáfrica.

Un día después, el miércoles 21, el mismo rotativo destapaba otro presunto seguimiento: en esta ocasión la víctima era el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. El día 22 de enero los lectores asistían a otra entrega de la presunta trama que señalaba a un ex consejero de Esperanza Aguirre y enfrentado a ella, Alfredo Prada, como la nueva víctima y también un directivo de Caja Madrid, su presidente Miguel Blesa.

El 15 de julio de 2010, la jueza Carmen Valcarce acordó el sobreseimiento provisional y archivo del 'caso del espionaje' al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública", así como que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación". Fuente

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