Según consta en el auto dictado por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional (que investiga un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la SGAE), los tres están imputados de "un delito de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación", que puede ser penado con hasta seis años de prisión.

Asimismo, de "administración fraudulenta", por el que la ley contempla hasta cuatro años de cárcel.

En el caso de Bautista, se le imputa también "un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de asociación y participación", según señala el auto, y precisa que la pena puede llegar hasta los 12 meses de multa.

Tras permanecer en la Audiencia desde primera hora de la mañana de este domingo para prestar declaración, los tres directivos de la SGAE han abandonado la sede judicial en un coche con las lunas tintadas y sin hacer declaración alguna a los periodistas que esperaban a la puerta de la Audiencia.

Medidas cautelares

La libertad provisional y sin fianza decretada por el magistrado está justifica por las "particulares circunstancias de arraigo en España" de los tres imputados, por lo que existe escasa probabilidad de que se sustraigan a la acción de la Justicia.

No obstante, el juez ha decretado medidas cautelares como la prohibición de salida del territorio nacional, la obligación de fijar un domicilio y la retirada de pasaportes a los tres responsables de la SGAE.

Otros dos detenidos, en libertad

Los otros dos detenidos que faltaban por declarar este domingo ante el juez, Elena Vázquez y Celedonio Martín, pretenecientes a la filial digital de la SGAE, han sido puestos también en libertad con cargos y se les ha imputado los mismos delitos que a la cúpula de la SGAE (apropiación indebida y administración fraudulenta, hasta 10 años de cárcel).

También se les ha decretado la libertad sin fianza por la inexistencia de riesgo de fuga y, al igual que en los casos anteriores, se les ha prohibido salir del territorio nacional y se les ha retirado los pasaportes.

En el caso de Elena Vázquez se añade la imputación de un delito de alzamiento de bienes que, según el auto del juez, está penado con hasta cuatro años de prisión.

Vázquez es cuñada del también detenido José Neri, el director general de la filial digital de la SGAE (la sDae) y a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.

Y Celedonio Martín es un empleado de la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.

Los cuatro detenidos que faltan por declarar (José Neri, Antonia García, Eva García y Rafael Ramos) lo harán este lunes.  Fuente

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