"La ley la tendremos cuando el Congreso la apruebe, quizá a mediados de marzo, y a lo mejor para el verano podemos empezar a aplicar los primeros casos", señaló la ministra tras asistir a un desayuno informativo del grupo Planeta ante el Foro de la Nueva Comunicación.

La titular de Cultura ha recordado que, una vez sea aprobada la ley en el Congreso, "habrá que desarrollar el reglamento y constituir la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual", el órgano dependiente del ministerio encargado de examinar las denuncias sobre los contenidos ilegalmente colgados en dichas páginas web.

El pasado miércoles la ley Sinde superó su primer obstáculo en el Senado tras ser admitida en el Comisión de Economía para su debate en el Pleno de mañana, si bien tanto el portavoz del Grupo Mixto, Pere Sampol, perteneciente al Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, como el portavoz del grupo Senadores Nacionalistas, Xosé Manuel Pérez Bouza, del BNG, manifestaron que emitirían voto particular.

Este mismo miércoles el pleno del Senado debate esta norma, presentada en forma de enmienda conjunta pactada entre PSOE, PP y CiU e incluida en la Ley de Economía Sostenible como disposición final segunda.

Una disposición que fue rechazada en el Congreso el pasado 21 de diciembre y que, gracias al acuerdo, ha vuelto al trámite parlamentario con algunas modificaciones, pues la nueva normativa refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web.

Cambios en la ley

En la nueva redacción de la ley antidescargas, el juez interviene desde el primer momento del proceso que podría extenderse al menos diez días antes del cierre de una web.

La enmienda recoge la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, que en una primera sección ejercerá funciones de mediación y arbitraje, y en su segunda, examinará las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

En el texto, a diferencia de la primera disposición, se determinan qué miembros compondrán cada una de las secciones, con lo que el trámite de composición de la comisión ya está decidido.

También se añade que todo requerimiento de cierre de una web "exigirá la previa autorización judicial", que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas.

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.

En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. Además, la falta de resolución en los plazos determinados tendrá efectos desestimatorios de la solicitud. Fuente

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