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Más de 700 denuncias por incumplir la ley antitabaco

La respuesta ciudadana a las webs que permiten denunciar los incumplimientos de la ley antitabaco han desbordado las previsiones de sus organizadores. En Facua -Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción- una de las más activas en este sentido, se han recibido más de 700 denuncias, todas ellas con nombre, apellidos y DNI del denunciante.

Los bares, cafeterías y restaurantes de Andalucía son los que, según las quejas ciudadanas, más incumplen la nueva norma. A mucha distancia, Madrid y Cataluña.

"Teníamos previsto un protocolo para trasladar las denuncias a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas hasta un total de 200. Vista la avalancha, hemos tenido que replantearnos el plan de trabajo", asegura un responsable de Facua. El sistema que ellos siguen se inicia con la comprobación, hasta donde pueden, de la autenticidad de los datos del denunciante. Su sistema informático, afirman, está preparado para rechazar numeraciones inverosímiles en los documentos de identidad, aunque son conscientes de que no es un sistema infalible al engaño. A continuación, envían los datos a las consejerías de las comunidades autónomas para que realicen la inspección.

Si les llama la atención la acumulación de quejas sobre un establecimiento, ellos mismos se convierten en denunciantes. Por ejemplo, aprovechando la atención que se le está prestando al tema, la organización de consumidores ya ha presentado una contra un bar del centro histórico de Sevilla que hace caso omiso de la actual ley y de la anterior, que prohíbe tener máquinas expendedoras de tabaco en el exterior, al alcance de los menores. "Llevamos varios años alertando a las autoridades sobre ese establecimiento, y nunca nos han hecho caso. En la Junta de Andalucía nos han remitido al Ayuntamiento; allí, a la Junta de Andalucía. Nunca han enviado un inspector".

A las denuncias del sector hostelero le siguen en importancia los hospitales y centros de autobuses y ferrocarril. Especialmente denunciada ha sido la madrileña estación de Atocha. Estos recintos tienen un problema. Se entiende que en los espacios cerrados (salas de espera, vestíbulos) no se puede fumar, pero queda la duda de los andenes.

En las grandes estaciones ferroviarias, como la de Atocha, estos están cerrados por tres lados y bajo techado, pero tienen uno abierto -por donde entran los trenes- que no lo está. La ley (ni en su versión actual ni en la anterior) indica qué debe hacerse en estos sitios. Solo afirma que está prohibido fumar en "Estaciones, puertos y medios de transporte ferroviario y marítimo, salvo en los espacios al aire libre". Si se le aplica el mismo criterio que el utilizado para decidir lo que es una terraza cerrada (más de dos paredes y un techo), estos andenes serían sitios cerrados -y, por tanto, zonas sin humo- a pesar de ser enormes y estar muy ventilados. No ocurre lo mismo con estaciones menores o apeaderos de cercanías, donde hay como mucho un voladizo que protege a los pasajeros de la lluvia.

Claro que esto es suponiendo que las denuncias se refieran a estos espacios, y no a los cerrados (servicios, taquillas), donde siempre ha estado prohibido fumar.

Centros sanitarios

Respecto a los centros sanitarios, donde los incumplimientos fueron evidentes el pasado domingo, las denuncias no sólo afectaban a pacientes y familiares que cigarro en mano se reunían en las puertas, sino al propio personal sanitario.

Otra organización que ayuda a presentar denuncias es Nofumadores.org, pero su presidenta aclara que no van a ir tan lejos como Facua, y que solo asesoran. Luego el demandante debe ir a la consejería correspondiente (la lista está también en su web). Sobre estas denuncias aún no hay datos.

Hoy, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha asegurado que la ley se está cumpliendo con "toda normalidad" -como se esperaba, añadió-, y recordó a los ciudadanos que "pueden denunciar a aquel que esté incumpliendo esta ley" y fume donde esté prohibido.

Estas actuaciones deben ir a la policía municipal o a la consejería de sanidad de su comunidad. Esto no ha cambiado con respecto a la anterior ley, lo deja en manos de los responsables autonómicos la posibilidad de boicotear por omisión la ley (basta que no tramiten las denuncias o que no hagan las inspecciones correspondientes). Pero esta vez es más difícil porque la ley casi no tiene excepciones a las que agarrarse. Fuente

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