Según explicó en rueda de prensa la
vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, una de las normas aprobadas "regula el deber de
las jóvenes de 16 a 17 años que decidan interrumpir su
embarazo, de informar a sus padres o representantes legales y
acreditar esa información cuando acudan a un centro con el deseo o
la intención de solicitar una interrupción de su embarazo".
Asimismo, el desarrollo de la ley
señala que los abortos se practicarán en la red sanitaria pública o
los centros acreditados y vinculados a la misma y aclara que si un
centro público no puede atender "a tiempo" una solicitud de
interrupción de embarazo de una mujer, reconocerá
el derecho de ésta a acudir "a
cualquier centro acreditado".
Estos reales decretos han regulado
asimismo, "la naturaleza, composición y funcionamiento del comité
clínico encargado de constatar la existencia o no de enfermedades
previamente diagnosticadas" y la información previa al
consentimiento de la mujer, "que se
realizará en tres fases", conforme adelantó De la Vega.
La medida ha provocado ya protestas
en algunos sectores, y las asociaciones juveniles Mueve-te,
Nasciturus, Médicos por la vida o Jóvenes de Hazte Oír
han convocado a "todos los defensores de la vida" frente a
un centro especializado de abortos en Madrid pra celebrar su última
velada "por la vida, la mujer y la maternidad".