Francia expulsa a 700 gitanos

Es lo que ha ocurrido por ejemplo con las familias instaladas en el Hanul, en la ciudad de la periferia parisina de Saint-Denis. Era el campo más antiguo del país, existía desde hace más de 10 años y contaba con agua y electricidad gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento, controlado por el partido comunista. Se trataba de todo un símbolo que fue desalojado a principios de julio. "Entraron y lo destrozaron todo. Nos cogieron por los brazos, por la piernas, a los niños, los mayores, les daba igual", recuerda Micha, de 25 años cuya hija, como muchos niños, ha nacido en Francia y está ahora escolarizada en el país. "Nos sacaron fuera de nuestras casas y nos tiraron al suelo como perro, como mierda", añade.

Unas 150 personas se quedaron deambulando por la zona durante un mes. A la espera de una solución, el Ayuntamiento ha aceptado que las familias ocupen unos terrenos municipales hasta el verano del año que viene, cuando tiene previsto recuperarlo para levantar viviendas sociales. En una nota, el municipio reiteraba su desagrado con las "estigmatizaciones a consecuencia de la reunión interministerial del 28 de julio". Fue entonces cuando el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció la ofensiva del Gobierno de Nicolas Sarkozy en torno a los poblados ilegales de gitanos y la expulsión de los que se encontraran en situación irregular.

En las cuatro parcelas donde se han instalado de nuevo los gitanos de Hanul, duermen ahora en tiendas de campaña y están levantando unas estructuras de madera. Muchos de ellos viven del cobre que recogen y de la mendicidad. "Pido en la calle, lo siento, no me dejan trabajar, no puedo sin papeles", asegura Mijail, de 39 años, que lleva 11 en Francia. "Ya no espero nada de este país", dice.

En Montreuil, también en la periferia parisina, unas 35 personas desalojadas el sábado han sido acogidas en un gimnasio ofrecido por el consistorio gobernado por la ex ministra verde Dominique Voynet. Allí permanecerán hasta el viernes, cuando el Ayuntamiento se ha comprometido en buscar una solución alternativa para las próximas semanas. "A día de hoy, no tengo ninguna solución", reconocía el lunes Voynet en una charla con los internautas en la web del diario Libération.

Mientras se reinstalan como pueden, el ministro del Interior, muy activo este verano, sigue con su guerra de las cifras. "Esta mañana [por ayer], 84 romaníes [como se conoce en Francia a los gitanos de Europa del Este] han sido evacuados de un terreno comunal en Tremblay-en-France", una localidad en la periferia parisina, anunció ayer. "Dentro de unos días, unos 150 romaníes, entre ellos unos 80 adultos, serán evacuados de un campo de Marsella" añadió. Además, insistió en su intención de expulsar a unas 700 personas, repartidas entre el vuelo de mañana, otro el día 25 y un tercero a "finales de septiembre".

El ministro de Inmigración, Eric Besson, admitió que, legalmente, los expulsados podrán regresar a Francia, pero que el Gobierno cuenta con un fichero, creado en octubre de 2009, que recoge los datos de quienes se han beneficiado de la ayuda al retorno voluntario -que incluye el billete, 300 euros por adulto y 100 por niño- para evitar que las mismas personas se beneficien dos veces de la misma.

Desde la entrada en la UE de Rumania y Bulgaria en 2007, sus ciudadanos tienen derecho a la libre circulación en los países de la Unión. Pero Francia ha impuesto una moratoria hasta 2012, y previsiblemente la ampliará a 2014, por la cual, pasado un plazo de tres meses deben tener un permiso de trabajo para poder quedarse legalmente en el país. "El problema es que tienen que lograr uno de los empleos que se denominan en tensión, con necesidad de mano de obra, y las empresas que les contratan tienen que pagar una tasa de entre 600 y 1.600 euros en función del puesto de trabajo", explica Laurent El Ghozi, de la Federación Nacional de las Asociaciones Solidarias de Acción con los Gitanos.

Según El Ghozi, entre los evacuados poco más de una decena de personas han pedido la ayuda al retorno. "Potencialmente la mayoría pueden ser expulsados, pero la realidad es que muy pocos lo son, y, además, al poco tiempo vuelven", añade. El Gobierno ha expulsado a unos 9.000 rumanos y búlgaros de media al año, pero su número no varía, y sigue entre 10.000 y 15.000 en todo el país.

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Fuente

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