La carga de la prueba recae en quien acusa, y, por tanto, corresponde a Rabat identificar con precisión los incidentes en los que dice basar sus protestas. Y el Gobierno español, por su parte, está obligado a enfrentar la tensión a través de cauces que no alimenten el equívoco. No es fácil entender que se invoquen unas relaciones calificadas de excelentes cuando es evidente que atraviesan un momento de dificultades, aunque se ignore su gravedad. Tampoco se comprende una estrategia que coloca al Rey en primera línea, al tiempo que Exteriores se mantiene al margen y cede la iniciativa a Interior.

Sean cuales sean las causas de la tensión, no es admisible que organizaciones marroquíes exhiban carteles vejatorios para la policía española e impidan el tránsito de mercancías por la frontera. El respeto a la sociedad civil no puede justificar la inhibición de las autoridades marroquíes. Los afectados últimos del boicoteo son, sin duda, los habitantes de Melilla, pero sus organizadores están coartando la libertad de sus conciudadanos.

Desde España, el PP ha optado por el oportunismo. La visita a Melilla de su portavoz Esteban González Pons fue una exhibición de populismo veraniego. Sus declaraciones, propias de un agitador, buscaban un cierre de filas nacionalista. Solo a un inconsciente se le ocurre decir, pocas horas antes del inicio de los anunciados bloqueos, que la situación en la frontera es de "máxima tensión" y que el Gobierno tiene que recuperar la "tierra de nadie" existente entre las fronteras de España y Marruecos. Pons debería aprender del presidente de Ceuta, el popular Juan Vivas, quien manifestó su apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno y el Rey ante Rabat. El PP tiene que colaborar en la solución del problema. Hasta ahora ha optado solo por echar gasolina al fuego.

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