El Gobierno propone que no se penalicen los contratos temporales

Se propone que no se penalicen los contratos temporales y que se estudie la implantación del modelo austríaco, por el que las empresas crean un fondo de indemnización por despido para los trabajadores que pueden llevarse a su nuevo puesto.

El texto destaca sobre el modelo austríaco que es una fórmula que podría incrementar la estabilidad en el empleo y una movilidad laboral "más sana".

El Gobierno también quiere que se fomente el contrato de fomento estable creado en 1997, que contempla una indemnización por despido de 33 días. Este contrato se utiliza sólo actualmente para los jóvenes de entre 18 y 29 años, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y los minusválidos.

Para los contratos de fomento de la contratación indefinida el Gobierno propone que se valore la posibilidad de aplicar, con carácter transitorio y excepcional, la "exención" de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos, "sin afectar a los derechos de los trabajadores". Así, se propone que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), u otro organismo similar, pague el 40% de las indemnizaciones a los trabajadores afectados por despidos colectivos de empresas de más de 25 empleados. Hasta ahora, se responsabilizaba de las indemnizaciones de empresas con menos de 25 trabajadores.

Dos modalidades de contratación parcial
 

En cuanto a la contratación parcial, el Gobierno se inclina por eliminar la posibilidad de realizar horas complementarias y sigue apostando por dos modalidades: una con horario cierto y fijo de trabajo, sin posibilidad de alterarlo, y otra en la que el empresario podría cambiarlo con un preaviso mínimo a determinar y en el que se podrían acordar horas extras.

Las bonificaciones a la contratación quedarían limitadas a los de horario cierto y fijo celebrados con carácter indefinido. Se mantendrían también para los de duración determinada actualmente bonificados (discapacitados, víctimas de violencia de género y personas en exclusión social). Para favorecer a los jóvenes, el Gobierno quiere centralizar las bonificaciones en los de 16 a 30 años con especiales problemas de empleo.

Además, plantea en materia de contratos de formación que la edad máxima de sus beneficiarios se eleve de 21 a 24 años, que tengan una exención total de las cotizaciones de empresarios y trabajadores durante toda su vigencia siempre que no sean de sustitución de plantilla, que tengan reconocida la prestación por desempleo y que el salario sea el equivalente al mínimo interprofesional en el segundo año de vigencia.

La mejora de los servicios públicos de empleo, corregir las restricciones que tienen las empresas de trabajo temporal son otras de las medidas que contempla el nuevo documento de Trabajo.