EFE - Según las organizaciones de consumidores, la respuesta de Julia O. (”No sé de qué me hablas. ¿Quién eres?”), tras recibir el inesperado mensaje, le costará en torno a 1,50 euros por tratarse de un remitente de cuatro cifras, considerado de tarificación adicional, en lugar de los 0,15 de un mensaje de texto normal.

Y además, según el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, esa contestación es interpretada por la empresa remitente como un “alta” en sus servicios, a partir de la cual ésta comienza a enviar mensajes que paga el usuario a 0,35 euros cada uno “sólo por el hecho de recibirlos, los abra o no. Y pueden ser muchos al día”.

La Agencia de Protección de Datos ha recibido desde 2007 hasta ahora, 63 denuncias relativas a la recepción no solicitada de SMS de contenido comercial similares al mencionado, que la AEPD considera ’spam’ (mensajes no deseados). Se han abierto 33 actuaciones de investigación que han dado lugar a siete sanciones, según han informado a Efe fuentes de este organismo.

Una mínima parte del 68,2 % de los españoles que, según el barómetro del CIS de febrero de 2008, declaró haber recibido una llamada o un SMS de alguna entidad con fines publicitarios a la que no tenía constancia de haber dado sus datos personales.

Según esa encuesta, sólo el 22% solicitó en alguna ocasión cancelar datos personales de algún registro, tarea que el 30,9% considera difícil y el 21,8% muy difícil.

ACTIVIDAD ENGAÑOSA

“Buscan que el usuario conteste, y lo que hay detrás es un sistema de alertas Premium”, afirma el portavoz de OCU para quien “el engaño está en que, sin conocerlo, te suscribes para recibir todo tipo de canciones, mensajes o juegos, que pagas”.

A los SMS Premium, servicios de contenidos a través del móvil, se accede mediante la marcación de un número corto y permiten la descarga de juegos, vídeos o la participación en concursos, sorteos y programas de radio y televisión.

Sujetos a tarificación adicional, de la que se benefician la operadora y el prestador de servicios, los SMS Premium estarán en breve sujetos a un Código de Conducta aprobado en junio por la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, en la que están representados la Administración, asociaciones de consumidores, operadores de comunicaciones y prestadores de servicios.

Ese Código, similar al que reguló en su día las líneas de voz (803-806-807), garantiza, según la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones (SETSI), que la publicidad de estos servicios sea legible, obliga a los prestadores a enviar mensajes informativos al usuario con el precio del servicio y la identificación de su responsable y establece que la contratación se realizará sólo mediante la palabra “ALTA” y para cancelar la suscripción bastará con la palabra “BAJA”.

RECLAMACIONES

Un 6,3% de las reclamaciones de telefonía móvil presentadas ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones en el primer semestre del año se referían a SMS Premium.

Los SMS Premium “es una práctica legal porque la legislación de telecomunicaciones lo permite, pero desde un punto de vista de la protección del usuario estos negocios son muy dudosos, porque básicamente se oculta la información al consumidor”, dice Enrique García.

Este portavoz de OCU insta a la entrada en vigor del Código de Conducta porque “nunca ha habido una regulación adecuada de la tarificación adicional, y siempre se han dejado huecos por los que ciertas empresas prestadoras han ido transitando, y haciendo una actividad claramente engañosa”.

Prueba de ello son las 22.442 consultas y reclamaciones recibidas en la OCU en los primeros siete meses del año referidas a telefonía, que supone un 13 % del total de las denuncias. De ellas, 13.446 (un 60%) se refieren a telefonía móvil y el resto a fija.

“Lo triste -según Rocío Algeciras del gabinete jurídico de Facua- es que las reclamaciones se quedan a la mitad. Puedes conseguir que la operadora te pague su parte de la llamada, pero es muy difícil dar con la empresa titular del número y las operadoras, que están ganando mucho dinero con estos servicios. No te dicen a quién pertenece, si no es por orden judicial”.

Al otro lado, explica, está el usuario, “con la impotencia de tener que demostrar que no ha enviado esos mensajes, a pesar de que figuren en la factura de la compañía”, explica.

RESPONDER ES ENTRAR EN EL JUEGO

Con su respuesta, Julia O. dio lugar a recibir tres o cuatro SMS diarios, a los que ya no contestó, pero que le fueron facturados como llamadas sin su conocimiento.

Todos ellos, del tipo -”¿Qué te parece si nos alegramos los dos este domingo y quedamos a conocernos? ¿Te apetece que nos conozcamos?”, “Esta mañana me ha pasado algo que te gustará saber ¿te lo puedo contar ahora?”-, incitaban a una respuesta cuyo coste facturaría una pequeña parte la operadora y la mayor parte la empresa prestadora de servicios.

Para Marcos Gómez, subdirector del área de seguridad de Inteco (Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación) esta práctica se puede definir como “spam” (mensaje no deseado) y lo que intenta es “causar un perjuicio económico al usuario”. “Te mandan mensajes hasta que contestas, y cuando lo haces has caído en el ciclo“, asegura Marcos Gómez.

A veces, según este experto, detrás de ellos hay un robot automático que analiza las respuestas y en función de ellas te envía otro mensaje con cierto sentido. “Pero al final nunca hay nadie detrás de ese número, y la mayor parte del dinero que has gastado lo factura una empresa que seguramente no tiene sede en España”.

Juan Carlos Fernández Galindo, gerente de móviles de Telefónica S.A., opina que “es una práctica habitual de empresas que se dedican a hacerlo sin el consentimiento de los operadores, porque eso es ’spam’ en el móvil”.

“No podemos hacer mucho, porque suelen estar ubicadas fuera de España y lo que hacen es enviar mensajes aleatoriamente a móviles de todo el mundo”, agrega Fernández Galindo a Efe. Esta práctica -asegura- “está perseguida por operadores y por el regulador para detectar, denunciar e impedir que estas empresas sigan actuando”, agrega.

Los usuarios -dice- no tienen que responder, porque “es entrar en un juego y en un tráfico que beneficia a esas empresas”, a las que deben denunciar ante la CMT, organizaciones de consumidores, operadoras, y otros organismos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

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