Aunque formalmente se trata de un acuerdo mundial para combatir la falsificación, el texto incluye una propuesta sobre Internet. Grupos civiles han remitido una carta al presidente norteamericano en el que critican el secretismo sobre estas negociaciones, que contradice la política de transparencia anunciada por Obama.

El acuerdo, en cuya negociación intervienen unos 40 países desde Estados Unidos a la Unión Europea pasando por importantes países asiáticos, como Japón y Corea, empezó a trabajarse en secreto bajo el mandato de Bush y prosigue ahora. La semana pasada hubo una nueva reunión en Seúl y en enero se celebrará otra en México. El documento propone perseguir a quienes elaboren o distribuyan programas que desactiven DRM (sistemas anticopia) y obliga a los proveedores de acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright. Actualmente, en muchos países, los proveedores de acceso no son responsables de la conducta telemática de sus clientes salvo que tengan noticia, documentada por la administración o un juez, de que infringen la ley.

En la citada carta se reclama que ACTA, como un instrumento que afecta a las leyes y políticas de múltiples naciones, "debería ser negociado públicamente", a la vista de todos. "Sin el necesario balance entre intereses" se puede dañar la economía y el bienestar cívico, añaden. Estados Unidos ha comentado el documento a empresas y distintos grupos pero bajo la obligación de confidencialidad lo que les impide participar en un debate público o dar detalles sobre el proyecto. La propia UE, al informar de la propuesta de Estados Unidos, habla de que ha recibido información oral sobre el mismo.

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