Según un estudio realizado sobre una
muestra de 1.200 familias,
la asociación de consumidores denunció la
"falta de información"
sobre la nueva situación en el mercado energético, como muestra que
siete de cada diez entrevistados manifieste no haber recibido ningún
tipo de información al respecto.
Con la aplicación de la
Ley 27/2007, los
ciudadanos deberán elegir entre distintos comercializadores, que
ofertarán el suministro eléctrico a partir de la
Tarifa de Último Recurso (TUR), precio máximo que establecerá el
Ministerio de Industria para el mercado libre.
Así, a poco más de un mes para que el Real Decreto entre en vigor,
Ceaccu instó al titular de Industria,
Miguel Sebastián, a fijar
una TUR, ya que, según la organización,
se priva al consumidor del "derecho
a elegir" entre los mejores precios, por lo que aconsejan
"no precipitarse" en contratar un comercializador.
Temor por la subida de la tarifa de referencia
Asimismo, la confederación mostró su "temor" por una
"más que posible" subida de la
actual tarifa de referencia. Según auguran desde la
asociación, Industria aplicará un "elevado aumento" de la TUR para
"hacer más atractivo" el mercado de comercialización, lo que
supondrá "más costes para los usuarios".
El informe constata el
desconocimiento sobre las responsabilidades y derechos ante el nuevo
panorama energético. El 40% declara no saber a quién,
comercializador o suministrador, debería
reclamar ante eventuales problemas, mientras que sólo un
12% conocía las indemnizaciones por ley ante interrupciones
prolongadas, siempre que sobrepasen las seis horas al año.
En cuanto al nuevo
bono social, que congelaría la factura de la luz a
colectivos desfavorecidos
como familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro,
sólo el 10% conocía los requisitos para poder adherirse a esta
tarifa, mientras un 24% lo atribuía a rentas bajas.
Ceaccu, que insistió en que los
beneficiarios de esta tarifa social no dependen de sus niveles de
ingresos, consideró "una negligencia administrativa" el trámite
necesario para solicitar y beneficiarse de este bono. "Muchos
consumidores solicitan la tarifa social, pero
el trámite burocrático es largísimo,
de hasta 4 meses", indicaron desde el colectivo pro-consumidores.
Por último, la asociación urgió al
Gobierno a ampliar la información de los consumidores sobre la
liberalización, la TUR y los comercializadores a través de
campañas publicitarias en los
medios de comunicación, porque "si no es así,
surgirán muchos problemas a partir
del 1 de julio".