Intervención de CCM

El Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (OCE) advierte de que el rescate público de dicha entidad no sólo demuestra que España no contaba con el sistema financiero más sólido del mundo y que la supervisión del Banco de España estaba lejos de ser tan ejemplar como se afirmaba, sino que las propuestas de reforma del sistema financiero internacional que se están barajando hasta la fecha -precisamente por mirarse en el espejo de España- van en una pésima dirección.

El propio secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, defendía la semana pasada que la idea básica para reformar su sistema financiero era colocar bajo un mayor control del Estado a todo lo que se ha venido a llamar shadow banking. Es decir, todas aquellas instituciones financieras que realizaban funciones propias de los bancos, pero que no estaban sometidas a una normativa asimilable, tales como bancos de inversión, aseguradoras, fondos monetarios o conduits, entre otros.

Este mayor control debe basarse, de acuerdo con Geithner, en dos elementos fundamentales: el primero la supervisión de todo el shadow banking; la segunda, obligarles a reforzar sus fondos propios a través de provisiones relacionadas con el riesgo sistémico del mercado. Ambos puntos de la reforma de Geithner, que inspirará la reunión del G-20, se encuentran presentes en el sistema bancario español:

Primero, con Caja Castilla-La Mancha se demuestra que el problema de las malas inversiones financieras no concierne específicamente al shadow banking, sino que también concierne directamente al modelo tradicional de banca. Al fin y al cabo, Caja Castilla-La Mancha ni quedaba fuera de la supervisión del Banco de España ni incurrió en operaciones financieras que quedaran fuera de balance, sino que los impagos que la han abocado a la quiebra han sido fundamentalmente créditos a promotores y constructores.

Segundo, el modelo bancario español ya cuenta con un sistema de provisiones obligatorias, dentro de las cuales se contempla la provisión por riesgo sistémico. En efecto, la banca española ha estado históricamente obligada a dotar provisiones que desde 2004 se clasifican en dos tipos: la específica por cada crédito y una genérica por el monto total de créditos. Dentro de esta última, se contienen algunas características de la antigua provisión estadística cuyo cometido, precisamente, era incrementar las provisiones en la parte alta del ciclo (momento en el que la morosidad es baja y por tanto las provisiones también).

Por consiguiente, el sistema bancario español se está tambaleando pese a estar supervisado y pese a que ya se obligaba a las entidades a dotar provisiones sistémicas. Es un ejemplo claro de que la reforma planteada por Geithner de atribuir toda la responsabilidad al shadow banking va en la mala dirección. Y es que, si tanto el shadow banking estadounidense como la banca tradicional española están en crisis, la causa de la misma no puede buscarse en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros que quedaran fuera del ámbito del regulador; en caso contrario, la quiebra de Caja Castilla-La Mancha nunca se habría producido.

Como hemos venido defendiendo reiteradamente desde el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (OCE), la crisis se debe al deterioro de las posiciones de liquidez de todos los agentes económicos, no sólo del shadow banking, sino de la banca tradicional, las empresas o las familias. Un fenómeno que ha sido incentivado por la política monetaria expansiva que implementaron los bancos centrales de todo el mundo entre 2003 y 2006, y que consistió en unos tipos de interés artificialmente bajos.

Ese deterioro de las posiciones de liquidez se llevó a cabo gracias a que los agentes económicos, especialmente los bancos, se endeudaron a corto plazo para prestar grandes cantidades de dinero a largo plazo, con la garantía de que el banco central refinanciaría a vencimiento y de manera permanente su deuda a corto plazo. De esta manera, los bancos privados pudieron extender el crédito en la economía a tipos de interés artificialmente bajos: se iniciaron múltiples procesos de inversión que no estaban respaldados por ahorro real, sino por los activos circulantes de familias y empresas (depósitos a la vista e inversiones financieras a corto plazo).

Mientras el crédito seguía afluyendo a ciertos sectores -como el de la vivienda- el activo de los bancos no dejaba de revalorizarse, elevando los beneficios de las entidades y facilitando la refinanciación de su deuda a corto. Pero en la medida en que los precios de los activos de la banca eran artificialmente altos por basarse en una expansión del crédito insostenible, cuando el proceso se revertió comenzaron primero los problemas de liquidez y, a partir de ahí, los de solvencia.

Por consiguiente, la reforma no debe pasar por permitir que este esquema de funcionamiento del sistema financiero siga su curso, pero supervisado por las autoridades, sino en limitarlo tanto como sea posible. Y esto significa, por un lado, impedir que los bancos centrales puedan expandir el crédito de manera discrecional (regresando a algún patrón monetario que les imponga una disciplina automática) y, por otro, que las entidades que acometan la estrategia financiera temeraria de endeudarse a corto plazo para invertir a largo puedan acogerse a limitaciones de la responsabilidad que encubran su gestión irresponsable.

Por último, sería erróneo pensar que el problema de la regulación del sistema financiero español era que no resultaba suficientemente intervensionista. Esto es, que iba en la dirección adecuada, pero no con suficiente intensidad y que, por tanto, hay que otorgar aún mayores poderes al supervisor y obligar a los bancos a dotar mayores provisiones que en España.

Lo cierto es que el ciclo económico (expansión-crisis) se genera por los motivos arriba apuntados, pero es imposible conocer los sectores económicos concretos en los que se va a manifestar. Ahora ha sido especialmente el sector inmobiliario, pero a finales de los 90 fue la burbuja que experimentaron las empresas tecnológicas. Cada ciclo tiene su propia dinámica y nadie, ni siquiera el regulador, tiene la información suficiente para prever el futuro. Sólo hace faltar observar que en el sistema de provisiones español el riesgo hipotecario tenía un tratamiento favorable tanto en la antigua provisión estadística como en la provisión específica, pese a ser el sector epicentro de la crisis. Por tanto, los reguladores son igualmente ciegos a la hora de anticipar toda la magnitud de los ciclos económicos y es ilusorio pensar que una presencia incrementada por su parte contribuirá a ponerles fin pese a no eliminar de raíz su causa última.