La ley permite al poseedor de los
derechos de propiedad intelectual de una obra recurrir a un tribunal
para solicitar que se obligue al servidor de Internet a desvelar la
identidad oculta tras una dirección IP que ha compartido archivos de
forma ilegal.
El artista o la discográfica
afectados, por ejemplo, pueden reclamar una indemnización que cubra
el ‘daño real’ provocado o presentar una demanda civil, según la
ley, que establece que el intercambio de archivos debe de ser de
‘cierta dimensión’.
La copia de archivos descargados
legalmente para uso personal está permitida.
La normativa, que no tiene efecto
retroactivo, es una adaptación de la Directiva de Aplicación de los
Derechos de Propiedad Intelectual (IPRED, por sus siglas en inglés)
de la UE de 2004.
La denominada Agencia Antipirata,
organización sueca que agrupa a la industria audiovisual, ya ha
anunciado que echará mano de la ley para perseguir a los ‘piratas’
cibernéticos.
The Pirate Bay, grupo a favor del
libre intercambio de archivos en la red, ha lanzado Ipredator, una
red privada virtual, a la que es necesario suscribirse mediante
pago, en la que no se registra ni almacena la información sobre cada
usuario.
Cuatro personas vinculadas a este
portal de Internet, uno de los más populares del mundo de este tipo,
se arriesgan a penas de un año de cárcel por ser cómplices de
piratería y de violación de los derechos de autor al ofrecer a
través del servidor la posibilidad de descargar películas, series,
programas y música de forma gratuita.
La sentencia de este caso se hará
pública el próximo día 17 de abril.
Y el Partido Pirata, con demandas
similares y que concurrirá a las próximas elecciones europeas en
Suecia, instó hoy a los suecos a abrir sus redes inalámbricas para
hacer ineficaz la nueva ley.
‘Los ciudadanos podemos hacer mucho:
si 10.000 o 20.000 abren sus redes inalámbricas, Internet será
libre, anónima y abierta para siempre’, señaló en un comunicado Rick
Falkvinge, líder del partido.
Según cálculos de World Internet
Institute 1,4 millones de personas compartieron archivos en la red
en Suecia en 2008, lo que equivale a casi una quinta parte de la
población.
Una encuesta del Instituto Sifo
difundida hoy revela que sólo el 3 por ciento de los suecos cree que
la ley frenará el intercambio ilegal, mientras que uno de cada dos
no piensa respetarla.