La nueva Asociación se dirige a atender las demandas de ayuda de vecinos de otras poblaciones que padezcan estas prácticas, "que generan angustia, rabia, impotencia, tristeza, aislamiento y apatía en los arrendatarios", según ha señalado Serra. Asimismo se presta a ejecutar tareas de mediación ante entidades implicadas en el acoso inmobiliario.

El hecho de que las impulsoras hayan decidido denominar la asociación en femenino se explica por el hecho de que las primeras afectadas son mujeres, según ha indicado la portavoz. Esta nueva asociación ha elaborado un protocolo de actuaciones que diversas instancias deberían impulsar cuando una víctima denunciara un caso de este tipo.

Protocolo de actuación

Entre otras actuaciones, este protocolo apuesta por formar agentes de la Policía Judicial que aborden el acoso inmobiliario tras una denuncia y que no se sobresean estos casos en el Juzgado de Guardia sin la declaración de la víctima, informes de los bomberos, Guardia Urbana, Colegio de Administradores de Fincas y órdenes de conservación de la finca dictadas por el ayuntamiento.

La asociación quiere que se elabore un registro público de las inmobiliarias y de los administradores de fincas que sean condenados por acoso o que tengan un determinado número de quejas, para que todo posible arrendatario conozca esta circunstancia.

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